Por Bego Grau
La seguridad suele invocarse como una necesidad, mientras que los derechos humanos aparecen como el límite que impide que esa necesidad lo justifique todo. Jeffrey Davis, profesor de investigación, IEN-IBEI Senior Fellow en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, trabaja precisamente en esa intersección.
Su perfil académico se basa en el derecho internacional, los derechos humanos y los estudios de seguridad, con un enfoque particular en cómo las normas jurídicas buscan limitar el poder del Estado en contextos marcados por el miedo, la emergencia y la presión política. En el IBEI, imparte cursos como Derechos Humanos en EE. UU. en comparación con otras naciones y Seguridad y contraterrorismo en EE. UU., lo que refleja una agenda de investigación que conecta debates constitucionales, políticas de lucha contra el terrorismo, rendición de cuentas y la erosión global de los estándares legales.
Su trabajo ofrece un marco crítico para entender cómo los Estados justifican medidas excepcionales, cómo se evita la rendición de cuentas y por qué la tensión entre medios y fines sigue siendo central en la política internacional contemporánea.
Para comenzar, ¿podría explicar su principal línea de investigación?
Mi investigación se centra fundamentalmente en la tensión entre poder y principio. En concreto, en cómo los derechos humanos y las normas internacionales más amplias pueden actuar como límites a las estrategias de seguridad del Estado. Analizo tanto el ámbito interno como el internacional, examinando cómo los gobiernos justifican desviaciones de estas normas, especialmente en áreas como el contraterrorismo.
¿Qué le motiva a investigar este tema?
Lo que más me interesa no es solo cuándo se producen las violaciones, sino cómo se racionalizan, se normalizan y, en última instancia, se incorporan a los marcos políticos. En muchos sentidos, mi trabajo intenta entender por qué los límites legales, que deberían ser vinculantes, a menudo se vuelven flexibles cuando los Estados perciben amenazas.
¿Cree que existe una tendencia creciente a priorizar la estabilidad política sobre la justicia?
Sin duda, y, de hecho, iría un paso más allá. No se trata simplemente de priorizar la estabilidad política, sino una concepción muy específica y limitada del interés nacional, e incluso del interés propio, especialmente en el caso de Estados Unidos. La justicia se vuelve secundaria cuando se percibe como inconveniente o costosa. Lo que estamos viendo no es algo aleatorio, sino un cambio profundo en el que los Estados tratan el derecho como algo opcional cuando interfiere con sus objetivos. Esto tiene implicaciones profundas, porque cuando potencias como Estados Unidos y Rusia descartan estas normas, invitan a otros a hacer lo mismo.
¿Cómo se refleja esto en el entorno internacional?
En las últimas dos o tres décadas, especialmente desde la expansión de la llamada “guerra contra el terrorismo”, hemos visto cómo prácticas que antes se consideraban excepcionales se han normalizado. Lo preocupante no es solo que estas acciones ocurrieran, sino que se llevaran a cabo con consecuencias relativamente limitadas. Esto envía una señal poderosa a otros Estados: que el derecho internacional puede ser, en la práctica, contingente en lugar de vinculante.
¿Qué impacto tiene esto en la confianza, tanto política como social?
La confianza es una de las primeras víctimas de este cambio, y su erosión opera a múltiples niveles. A nivel internacional, alianzas que tardaron décadas en construirse, especialmente entre Estados Unidos y sus socios europeos, se han visto profundamente dañadas. Estas relaciones dependen no solo de intereses compartidos, sino de la confianza mutua y el respeto por las normas. Cuando esas bases se derrumban, reconstruirlas resulta especialmente difícil.
¿Y cuáles son las consecuencias internas de esta pérdida de confianza?
A nivel interno, las consecuencias son igualmente graves. En un sistema polarizado como el de Estados Unidos, donde la cooperación ya es frágil, la ruptura de la confianza entre actores políticos hace que la gobernanza sea cada vez más disfuncional. Se crea un ciclo en el que la desconfianza alimenta la inacción, y la inacción profundiza la desconfianza.
¿Puede reconstruirse realmente esa confianza?
Creo que sí, pero no fácil ni rápidamente. La historia muestra que las sociedades pueden recuperarse de divisiones profundas, incluso de acontecimientos tan traumáticos como una guerra civil. Sin embargo, la recuperación requiere un liderazgo político intencional comprometido con reconstruir la credibilidad institucional, en lugar de explotar la división para obtener beneficios a corto plazo. La confianza no puede simplemente declararse, debe ganarse con el tiempo mediante un respeto constante a las normas y una gobernanza transparente. Sin ese compromiso, cualquier intento de reconstrucción será superficial.
¿Cuál es la mayor amenaza actual para los derechos humanos?
En el plano más inmediato, la guerra sigue siendo la mayor amenaza, porque supone la ruptura sistemática de las protecciones que los derechos humanos pretenden garantizar. Pero también existe un peligro más estructural: el deterioro del derecho internacional. Con el tiempo, cuando los Estados violan estas normas sin consecuencias, se desarrolla una especie de impunidad aprendida, donde los gobiernos empiezan a interiorizar la idea de que estas reglas son opcionales.
¿A qué puede conducir esta impunidad con el tiempo?
Este proceso es especialmente peligroso porque no ocurre de la noche a la mañana. Es incremental, casi invisible, hasta que el propio marco jurídico se debilita de forma fundamental. Con el tiempo, esto crea una cultura de falta de responsabilidad legal, en la que las medidas excepcionales se convierten en herramientas políticas normales. El peligro es que, cuando esto sucede, el Estado de derecho pierde su autoridad precisamente cuando más se necesita.
¿Es realista esperar que los derechos humanos se respeten en tiempos de guerra?
La guerra, por su propia naturaleza, es profundamente incompatible con los derechos humanos. Representa un colapso, si no un rechazo, de los principios sobre los que estos se construyen. Aunque existen marcos jurídicos diseñados para regular los conflictos armados, la realidad es que el uso de la fuerza conduce casi inevitablemente a violaciones. Incluso las llamadas intervenciones humanitarias están llenas de contradicciones y a menudo generan más daños beneficios.
En el contexto del contraterrorismo, ¿qué errores legales se han repetido?
El error más persistente es la creencia de que sacrificar los derechos humanos mejora la seguridad. En realidad, a menudo produce el efecto contrario. Cuando los Estados abandonan el Estado de derecho, socavan su propia legitimidad. Esto, a su vez, puede alimentar la radicalización y generar nuevas amenazas de seguridad. Existe una especie de paradoja: las medidas adoptadas en nombre de la seguridad pueden acabar haciendo a las sociedades menos seguras a largo plazo.
¿Cree que los líderes políticos responsables de estas tendencias serán alguna vez responsabilizados?
Siendo realistas, una rendición de cuentas significativa es poco probable. Aunque a veces vemos procedimientos judiciales o reacciones políticas, rara vez se traducen en consecuencias reales. En algunos casos, incluso las condenas penales no producen efectos relevantes. Esta desconexión entre la infracción y la responsabilidad refuerza la percepción de que el poder puede operar más allá de las limitaciones legales. Sin embargo, la opinión pública, las elecciones, los medios de comunicación y el control internacional pueden ser herramientas poderosas.
Algunos sostienen que Estados Unidos está llegando a un punto de no retorno. ¿Está de acuerdo?
No iría tan lejos. Una de las fortalezas de Estados Unidos es su estructura federal. Aunque el gobierno nacional pueda avanzar en direcciones problemáticas, los gobiernos estatales conservan una autonomía y capacidad de acción significativas. Estados como California, por ejemplo, tienen el peso económico y político suficiente para desarrollar políticas que contrarresten decisiones federales, especialmente en ámbitos como el cambio climático o los derechos sociales. Este sistema de resiliencia institucional puede frenar o incluso compensar un deterioro a nivel nacional.
¿Qué alternativas a los enfoques militares deberían priorizarse?
El fortalecimiento de la cooperación internacional y de las instituciones jurídicas es clave. La experiencia europea, pese a sus imperfecciones, demuestra que un compromiso a largo plazo con las normas de derechos humanos puede generar no solo estabilidad política, sino también prosperidad económica y social. Alejarse de los enfoques coercitivos requiere repensar la seguridad, no como dominación, sino como cooperación y refuerzo mutuo de estándares legales.
¿Qué papel desempeñan las ONG en este marco?
Las ONG son absolutamente esenciales. Son, en muchos sentidos, el alma del sistema de derechos humanos. Las leyes y los tratados, por sí solos, son inertes, necesitan actores que los activen. Las ONG cumplen esa función al traducir normas abstractas en acción concreta, ya sea mediante litigios, incidencia política o movilización pública. Además, operan a nivel transnacional, construyendo redes que pueden ejercer presión en distintos sistemas políticos. Sin ellas, los derechos humanos serían, en gran medida, teóricos.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan hoy las ONG?
Uno de los desafíos más importantes es la creciente tendencia de los Estados a presentar a las ONG como actores extranjeros o ilegítimos. Al etiquetarlas como influencias externas, los gobiernos pueden justificar la imposición de regulaciones restrictivas y limitar sus actividades. Al mismo tiempo, las ONG se enfrentan limitaciones de recursos, lo que dificulta abordar la magnitud de los desafíos globales en materia de derechos humanos.
¿Cómo influye la diversidad en el debate sobre derechos humanos en Estados Unidos?
La diversidad en Estados Unidos es su mayor fortaleza. Sin embargo, también ha sido siempre uno de sus mayores retos políticos y jurídicos. Esto se agrava por políticos que explotan el racismo y otros prejuicios para obtener poder. Estados Unidos se ha presentado a menudo como defensor de la libertad y los derechos, pero su historia muestra una tensión constante entre principios universales y exclusión racial. Desde la esclavitud hasta la segregación, el país ha proclamado la igualdad mientras la negaba a amplios sectores de su población. Esto significa que la cuestión de los derechos humanos en EE. UU. es inseparable de la raza, la desigualdad y la dificultad de convertir la diversidad en una verdadera igualdad ante la ley.
¿Cómo deberíamos entender hoy el papel de Estados Unidos en el sistema internacional?
Cada vez resulta más difícil ver a Estados Unidos como una autoridad global única. Su posición se configuró tras la Segunda Guerra Mundial, pero hoy nos dirigimos claramente hacia un mundo más multipolar, donde el poder y la legitimidad se distribuyen entre múltiples actores. En ese contexto, la influencia de Estados Unidos no solo está disminuyendo en términos materiales, sino también en términos de credibilidad.
En este frágil equilibrio entre poder y principio, el trabajo de Davis deja un mensaje claro: el futuro de los derechos humanos dependerá de si los Estados eligen tratar el derecho como un límite o como un obstáculo.
